Instituciones y Administración

Recuperar la definición del delito de malversación anterior a la reforma de 2022, adaptando definición y penas a los estándares europeos.

Apoyar la candidatura de Madrid como sede de la nueva Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales.

Crear una Oficina Nacional de lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Mejorar la independencia, autonomía, funciones y recursos de la autoridad pública creada por la Ley 2/2023, que transpone la Directiva europea 2019/1937.

Auditar el régimen administrativo para ampliar el silencio positivo a los trámites de inicio de una actividad comercial o económica.

Diseñar un programa de simplificación burocrática y automatización de procesos en la administración pública.

Ampliar los supuestos de silencio administrativo positivo.

Evitar el silencio administrativo como forma habitual de resolver alegaciones y recursos.

Reformular la carrera funcionarial con incentivos y formación continuada.

Proponer un II Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI mediante el diálogo social.

Recuperar tasas positivas de reposición en el sector público para afrontar el envejecimiento y la jubilación de las plantillas.

Derogar la Ley de Memoria Democrática e impulsar una nueva norma consensuada sobre reconciliación y convivencia.

Poner en marcha el Banco Estatal de ADN y el Registro y Censo de víctimas de la Guerra y la Dictadura.

Aprobar una Ley de Concordia para fomentar el encuentro y la reconciliación y superar las divisiones entre españoles.

Impulsar un Banco Estatal de ADN de familiares de personas desaparecidas compatible con los bancos autonómicos.

Limitar los casos en que se elimina el trámite de audiencia pública de los proyectos de ley.

Reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para dar publicidad a las relaciones con grupos de interés e incluir la huella legislativa.

Aprobar una ley de secretos oficiales e información clasificada adaptada a las nuevas tecnologías.

Aprobar el V Plan de Gobierno Abierto con todas las administraciones y el Tercer Sector.

Dotar de recursos a la Oficina Nacional de Evaluación y exigir informes obligatorios sobre las concesiones públicas y privadas plurianuales.

Abrir cauces telemáticos para que ciudadanos y asociaciones presenten propuestas sobre las leyes en tramitación.

Fomentar la participación de los jóvenes en el diseño de políticas públicas mediante laboratorios de innovación pública.

Acompañar la tramitación de iniciativas legislativas y el diseño de planes y programas con un proceso participativo.

Regular un mecanismo para pedir informe al Consejo de Estado sobre proyectos de ley enviados al Congreso sin su dictamen.

Permitir que las mayorías del Parlamento, de los parlamentos regionales y de grandes municipios pidan informes a la AIReF.

Ampliar la contratación centralizada de la Administración a eficiencia energética, mantenimiento de edificios y ciberseguridad.

Establecer un sistema de garantías de pago a las empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Facilitar el acceso de pequeñas empresas a la licitación pública con cláusulas sociales para autónomos y pymes y limitando la subcontratación.

Reducir el número de ministerios, altos cargos y asesores y el gasto burocrático.

Abrir nuevas sedes y servicios de la Administración en distintos territorios.

Reducir el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos.

Reforzar la capacidad técnica y administrativa de ayuntamientos y diputaciones, incluidas sus plantillas, con un nuevo marco de financiación específico.

Reformar la legislación electoral para hacer obligatorios los debates electorales.

Suprimir los organismos que el programa considera ideológicos y las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos.

Reconocer el derecho de voto a partir de los 16 años.

Reforzar el papel y la autonomía de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Realizar la Encuesta sobre Empleo del Tiempo del INE con la periodicidad que marca Eurostat.

Incluir la economía social en el plan estadístico nacional y a sus organizaciones en el Consejo Superior de Estadística.