Encargar a un organismo público la regulación de los datos, de modo que ninguna empresa pueda explotarlos sin su autorización previa.

“Es necesario que los datos sean gestionados y regulados por un organismo público que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, así como el retorno colectivo. Esto significa que ninguna empresa podrá explotar los datos sin autorización previa de este organismo regulador y sin asegurar que la explotación de los datos beneficie, más allá de la empresa en cuestión, a la sociedad en su conjunto.”